sábado, 28 de febrero de 2015

Maduro declara ilegal a la oposición para no ir a elecciones



La embestida del chavismo contra la oposición venezolana, además de la persecución de sus dirigentes, viene acompañada de una amenaza nueva: la ilegalización de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Algo que no ha sorprendido a la alianza antichavista, que en sólo 14 meses transcurridos desde las elecciones municipales ha visto como 33 de sus 73 alcaldes han sufrido procesos judiciales.
Un nuevo giro de la tuerca revolucionaria sugerido el miércoles por Nicolás Maduro durante un acto obrero en Puerto Ordaz. Allí, en la zona donde se concentran las grandes industrias básicas del país, el primer mandatario adelantó que no va a permitir que la oposición se presente a las elecciones parlamentarias si está involucrada en promover la violencia. "Que no se equivoquen. No van a salir con su cara muy lavada a presentarse en unas elecciones", añadió recurriendo a un argot popular.
Las amenazas de Maduro esconden una realidad preelectoral, que señalan todas las encuestas: su popularidad ha caído por debajo del 20% y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aparece incluso por debajo de Primero Justicia (PJ), el partido del gobernador Henrique Capriles, y uno de los 27 que componen la MUD.
Una de las "pruebas" que ha exhibido Maduro esta semana son las protestas en Táchira, atisbando incluso que el adolescente Kluiverth Roa (14 años) pertenecía a los muchachos "captados por sectas de la derecha, que les está preparando para que generen violencia y que les llenan el alma de odio y de deseos de venganza". La realidad es muy distinta: el chaval salía del colegió, se topó con la protesta y un oficial de la Policía Nacional Bolivariana le disparó con un fusil de balines de goma, a bocajarro y en la cabeza.
Tanto ímpetu demostró el presidente ante los obreros revolucionarios que hasta ordenó al pueblo que salga a la calle "para defender la revolución junto a las fuerzas armadas si funcionarios de la derecha tratan de llegar al poder por la vía de la violencia".
La nueva estrategia gubernamental estaba planificada de antemano. El Podemos venezolano, socio del PSUV, pidió al Consejo Nacional Electoral la ilegalización de Copei, de ideología democristiana, y el líder del ala militar, Diosdado Cabello, vinculó en su programa de televisión (Con el mazo dando) a Roberto Enríquez, su presidente, con el supuesto plan de golpe de Estado. Motivo: haber firmado el 'Acuerdo para la Transición Nacional' en apoyo a Antonio Ledezma.
El alcalde de Caracas cumple hoy una semana de encarcelamiento en la prisión militar de Ramo Verde, a pocos metros de Leopoldo López, el preso político más emblemático del chavismo, y de Daniel Ceballos, que fuera alcalde de San Cristóbal antes de su apresamiento.
La presión oficialista se produce de muy distintas formas: grupos paramilitares dispararon contra la residencia del secretario general de Copei en el estado Falcón, Julio Toba, y le dejaron un mensaje escrito en su puerta: «No puedes hablar de política». Se trata de nuevos ataques que se suman a lo que ocurrió el lunes, cuando diputados oficialistas pidieron a la Fiscalía que investigue al parlamentario Julio Borges, fundador de PJ, también por su supuesta vinculación con un golpe de Estado. Es el primer paso para arrebatarle la inmunidad parlamentaria y ponerle más tarde tras las rejas.
"Cabello me preguntó si tenía un coraje para dar un golpe. Le digo que para mí los golpes de Estado son actos de cobardía. Para matar gente y romper el orden constitucional no tengo coraje. Le exijo que ambos nos quitemos la inmunidad parlamentaria y se investiguen sus denuncias: si son falsas, que lo acusen de difamación", se defendió Enríquez antes de denunciar en Fiscalía la nueva andanada del presidente de la Asamblea.
El dirigente democristiano no descartó que, con los ataques a la oposición, el Gobierno pretenda sembrar un clima de violencia que le permita decretar un estado de excepción, suspender las garantías constitucionales y, por consiguiente, las elecciones parlamentarias.
Preocupación compartida por Henrique Capriles. El gobernador opositor de Miranda remitió una carta al presidente protempore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), José Mujica, en la que le pide que los presidentes del subcontinente analicen la crisis en Venezuela y detengan la represión contra ciudadanos y líderes políticos.
"Alertamos a la comunidad internacional sobre las pretensiones del gobierno de Venezuela de provocar un ambiente de caos que coloque al país en una ruta de la violencia; que apunta a una salida a la fuerza, a la ilegalización de la oposición democrática o a la suspensión del venidero proceso electoral para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional", enfatiza Capriles en su misiva.
La respuesta de Mujica, que pareciera pintoresca, encierra algunas de las claves que se dilucidarán en las próximas semanas: "El problema que puede tener Venezuela es que nos podemos ver frente a un golpe de militares de izquierda. Y con eso la defensa democrática se va al carajo".
Elmundo.es